El componente arqueológico es un riesgo que los proyectos de inversión no siempre pueden eliminar, pero sí anticipar y gestionar. Mientras antes se identifique el potencial arqueológico de un terreno, mayor es el margen para adaptar su diseño o evaluar alternativas antes de que comiencen las obras. No obstante, el desafío persiste cuando un hallazgo surge durante una excavación.

Según un documento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre la caracterización del patrimonio cultural arqueológico, este proceso contempla tres etapas: revisión bibliográfica, inspección visual en terreno y, cuando corresponde, prospección y caracterización subsuperficial mediante sondeos, esta última con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Para el director del grupo de derecho público y mercados regulados de az, Gonzalo Bravo, una de las principales fuentes de incertidumbre es que los estudios previos “no eliminan en ningún caso” la posibilidad de hallazgos durante la ejecución del proyecto. “Es muy común que este tipo de hallazgos se encuentren bajo la superficie y no sean debidamente detectados en la línea base”, afirma. Esto debe informarse de inmediato al CMN y puede obligar a paralizar obras, afectando el cronograma y los costos.

“Hoy, uno de los principales problemas está en los tiempos de tramitación y en la coordinación institucional”, asegura la jefa del área arqueología de ORBE AMBIENTAL, Javiera Arriagada. Explica que, si bien el titular puede hacer sus estudios arqueológicos con anticipación, si las autorizaciones toman demasiado tiempo, la incertidumbre termina trasladándose al cronograma completo de la inversión.

Arqueología y diseño

El académico de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Alberto Hurtado y representante de la Sociedad Chilena de Arqueología en el CMN, Oscar Toro, aclara que la evaluación ambiental no agota las obligaciones del titular frente a un hallazgo, pues incluso si el proyecto no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debe cumplir con la legislación e informar al CMN.

Desde esa perspectiva, cuando se incorpora desde el principio la variable arqueológica es mucho más fácil y claro el camino a seguir en las etapas posteriores. Esto también permite disminuir la incertidumbre sobre cómo podría afectar el proyecto a los bienes patrimoniales, reduciendo costos económicos no contemplados en el presupuesto original.

La académica de la U. de Atacama, Marcela Urízar, apunta que esa anticipación permite mantener abiertas alternativas para modificar el trazado o reubicar parte del proyecto. No obstante, advierte que la búsqueda de certezas podría fomentar la sobreintervención de sitios arqueológicos que podrían haberse conservado.

Urízar plantea que una vía para reducir los tiempos podría ser descentralizar algunas acciones mediante las oficinas técnicas regionales del CMN. Arriagada, en tanto, apunta a plazos de respuesta más claros, mayor coordinación entre CMN y SEA, procesos más simples y seguimiento transparente de las solicitudes.

El costo de un hallazgo arqueológico no se limita al rescate. Con las obras en marcha, una intervención puede detener maquinaria y contratistas, alterar la secuencia constructiva y modificar la ingeniería.

Camilo Valdivieso, arqueólogo de Earth Chile, explica que una caracterización temprana permite delimitar sectores sensibles e incorporar esa información a la ingeniería. Una intervención acotada puede costar algunos millones de pesos, pero escalar a decenas o cientos de millones cuando exige equipos numerosos y excavaciones extensivas.

Un sector afectado puede aislarse para continuar en otros puntos, pero si los vestigios aparecen en distintas áreas, pueden obligar a revisar secuencias e ingeniería. “Una contingencia no se resuelve únicamente excavando más rápido”, advierte.

Más tiempo, más costos

“En minería lo caro no es la arqueología, es la modificación al calendario de ejecución”, afirma Víctor Pérez, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un mes de atraso en la puesta en marcha, con el cobre sobre US$ 6,4 la libra, vale entre US$ 50 y US$ 90 millones de Ebitda en una operación de tamaño medio-grande.

En el sector inmobiliario, el proyecto Lota Green, desarrollado en Lota, enfrentó hallazgos apenas comenzaron las excavaciones. La obra avanzaba por “islas” habilitadas según el ritmo de aprobación del CMN. La empresa cifra en 24% el incremento de costos y en 21 meses la extensión del plazo; llegó a desplegar 14 arqueólogos y modificó más de 47 veces el plano de loteo.

El reto de retomar las obras

El caso de la central hidroeléctrica Los Lagos, de Statkraft Chile, muestra que puede haber impactos incluso si el componente arqueológico estaba contemplado. Según la empresa, los retrasos asociados a una consulta indígena generaron más de US$ 50 millones en sobrecostos, frente a una inversión inicial de US$ 173 millones.

En infraestructura, la concesionaria del Hospital Buin-Paine solicitó al MOP una compensación de UF 465 mil por perjuicios asociados a retrasos y permisos. El Panel Técnico de Concesiones recomendó compensarla con UF 77.200,28, más de US$ 3 millones. Según Sacyr, la espera de la autorización demoró 206 días y los trabajos arqueológicos añadieron otros 83 días.

Drones, imágenes satelitales, sensores remotos, sistemas de información geográfica e inteligencia artificial están ampliando las herramientas disponibles para identificar áreas con potencial arqueológico antes de intervenir un territorio. Su uso mejora la planificación y advierte riesgos en etapas tempranas, aunque todavía existen límites técnicos y regulatorios.

“Hoy la tecnología nos permite cambiar bastante la manera en que enfrentamos un territorio antes de llegar a terreno”, asevera Camilo Valdivieso. En Earth Chile aplican imágenes satelitales, drones, modelos digitales de elevación, fotogrametría y SIG con antecedentes arqueológicos, ambientales y geomorfológicos.

Los drones facilitan ortofotos de alta resolución y modelos tridimensionales para documentar sitios extensos o de difícil acceso. Los sensores remotos pueden detectar anomalías difíciles de reconocer en superficie, mientras la IA procesa grandes volúmenes de información y reconoce patrones con mayor rapidez.

Desde Arqueosur, Pedro Andrade Martínez plantea que estas tecnologías pueden mejorar la planificación y anticipar áreas sensibles. Uno de sus grandes aportes económicos sería la reducción de incertidumbre y del riesgo de hallazgos tardíos.

Del mapa al control en terreno

El CEO de Voxa, Gustavo Godoy, advierte que el desafío es conectar la información territorial con las operaciones. Su sistema de telemetría para activos fijos y maquinaria móvil permite convertir mapas de riesgo en geocercas dinámicas asociadas a zonas de resguardo.

En junio de este año, la Pontificia Universidad Católica, a través de su Laboratorio de Arqueología Digital, firmó un acuerdo con Esri Chile y CENIA para impulsar un portal de mapas y hallazgos, análisis con IA de drones y satélites y modelos 3D.

Límites técnicos y normativos

Pese a sus avances, estas herramientas no entregan certezas por sí solas. Factores como la vegetación, el suelo, la resolución de las imágenes, la profundidad de los depósitos y la información disponible pueden afectar la detección. Un sitio enterrado puede no generar ninguna expresión detectable remotamente.

En términos regulatorios, un modelo predictivo puede aportar antecedentes relevantes para orientar una evaluación, pero no permite por sí solo descartar la existencia de patrimonio arqueológico. El desafío está en integrar la arqueología tradicional con herramientas predictivas capaces de anticipar zonas de interés.